Anteproyecto de bienes raíces aflora diferencias entre gremios y corredores independientes

Posiciones a favor y en contra entre la Asociación de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), la Unión Nacional de Corredores de Bienes Inmuebles (Unacobin) y quienes ejercen esta profesión de forma independiente surgen a raíz de la discusión de un anteproyecto que busca modificar el Decreto Ley 6 del 8 de julio de 1999 que regula este sector en el país.

Los dos gremios han discutido junto alMinisterio de Comercio e Industrias (Mici)los posibles cambios al documento.

Sin embargo, los corredores de bienes raíces independientes no se sienten representados por estos grupos.

Discrepancias

En el documento se contemplan cursos de actualización continúa, punto con el que están de acuerdo los corredores independientes, señala Carlos Osorio.

No obstante, rechazan la existencia  de un monopolio controlado por los gremios para ofrecer estos cursos.

Osorio detalla que existen alrededor de 6 mil corredores de bienes raíces idóneos que estarían obligados a pagar todos los años “una especie de cuota” a ambos gremios.

Francisco Heredia, también corredor de bienes raíces independiente dijo que este grupo de profesionales están a favor de que antes de presentar el examen para obtener la licencia para ejercer se tomen algunos cursos preparatorios, pero que esta responsabilidad no esté en manos de los gremios.

Los corredores de bienes raíces independientes están de acuerdo en acuerdo en los requisitos que se exigen para el secretario de la Junta Técnica de Bienes Raíces.

También ven como positivo que en el nuevo documento se incluyan las comisiones por venta total de una propiedad o alquiler, que actualmente están en el Código de Ética.

Ejecución de penalidades

Igualmente, los corredores de bienes raíces independientes señalan que están de acuerdo en que se necesita que la junta técnica de bienes raíces del Mici tenga poder para ejecutar penalidades y hacer investigaciones de oficio.

El hecho de que no exista un juzgado o una persona que ejecute la ley e imponga las sanciones a los corredores de bienes raíces ha dado pie para que en el mercado exista la piratería, señalan los corredores independientes.

Con el actual personal de la junta técnica de bienes raíces es difícil ejecutar la ley e imponer las sanciones, ya que solo cuenta con alrededor de seis funcionarios, de los cuales dos son los inspectores para todo el país.

El Capítulo IV del Código Penal, en el artículo 381 dice que quien ejerce una profesión para la que se requiere idoneidad o habilitación especial sin haberla obtenido será sancionado con prisión de dos a cinco años”,

Francisco Heredia

Heredia comenta que hay muchos extranjeros que ejercen la profesión de manera ilegal porque no cuenta con su licencia.

“La punta de lanza son los extranjeros que han llegado con las migraciones y han acaparado el mercado a tal punto que han creado grupos para vender bienes raíces entre ellos mismos”, argumenta Heredia

Se trata de personas que no tienen licencia, no pagan fianza anual de $10 mil, ni impuestos, no declaran ganancias y no se tiene un control que movimiento efectivo que exige la Unidad de Análisis Financiero (UAF), agrega.

Osorio revela que esta situación afecta al consumidor, ya que en Panamá se han dado casos de estafas.

El corredor “pirata” solicita un abono inicial o primer mes de alquiler y no se les ve mas a estos corredores piratas. También se presta para brindar información falsa.

Además, la comisión de 5% que se debe cobrar por el valor total de una venta de un inmueble y el primer mes de alquiler cuando se trata de renta la han bajado a 2%.

Corredores de Bienes Raíces en Panamá, urgidos por la modificación a Ley que los reglamenta

Priscilla Perez, El Capital Financiero

El ejercicio ilegal de la profesión de Bienes Raíces por parte de nacionales y extranjeros no autorizados para tal fin, así como algunas restricciones para los corredores y la desaceleración económica son algunos de los obstáculos que enfrentan quienes se dedican a este trabajo en Panamá.

Recientemente representantes del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) plantearon entre las tareas pendientes de esta entidad, presentar ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que modifica la Ley 6 del 8 de julio de 1999, que reglamenta la profesión de bienes raíces.

El viceministro de Comercio Interior e Industrias, Manuel Grimaldo, quien fue designado como gerente de la Zona Libre de Colón este 31 de julio, aseguró durante la rendición de cuentas del Mici, a finales de junio pasado que, los corredores de bienes raíces han solicitado modificaciones a esta ley, por lo que él, como presidente de la Junta Técnica de Bienes Raíces, elevó el tema al departamento de Asesoría Legal.

De hecho, un grupo de corredores de Bienes Raíces en Panamá ha estado en reuniones con esta junta técnica para no solo presentar sus inquietudes, sino llevarles propuestas para mejorar la profesión y acabar con lo que consideran amenazas.

Obstáculos

Carlos Osorio es un corredor de Bienes Raíces, que aseguró aElCapitalFinanciero.com que la Ley está desfasada y los cambios que se pretenden realizar se vienen gestado desde el año 2016.

Según Osorio, uno de los principales problemas que enfrentan es que han encontrado desde taxistas, hasta guardias de seguridad ejerciendo de manera ilegal la profesión y no solo panameños sino también extranjeros, quienes cobran menos o simplemente cometen fraudes a las personas que solicitan sus servicios.

Toman el abono inicial y no los ves más o toman el depósito y el primer mes de arrendamiento y desaparecen”.

Carlos Osorio, corredor de Bienes Raíces.

De hecho, la Junta Técnica de Bienes Raíces solicitó a las personas que deseen gestionar el alquiler o venta de alguna propiedad que pidan la licencia de corredor de bienes raíces a quienes le entreguen el proceso.

Francisco Heredia y Simón Navarro son otros de los corredores de Bienes Raíces, que integran este grupo, que busca que se acelere la presentación del anteproyecto de ley para que se modifique la norma.

Sin embargo; han solicitado que se les informe en qué consistirán los cambios que se plantean.

Mientras que la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) considera que el desarrollo exponencial que ha tenido la profesión de bienes raíces en los últimos años ha hecho necesario una modificación a la Ley 6.

Estamos totalmente de acuerdo en un cambio integral que surta sus efectos para adaptarse al potencial de inversión de Panamá y establecer normas jurídicas más estrictas que garanticen la seguridad de los negocios de Bienes Raíces”.

Luis E. Pimentel- Acobir

Luis E. Pimentel, miembro de la junta directiva de Acobir, agregó que esta modificación a la Ley debe crear y regular la estructura gubernamental para que existan todos los medios jurídicos y los recursos económicos necesarios para proteger la profesión de Bienes Raíces en Panamá.

Acobir considera que lo primero es cambiar de jefatura a Dirección dentro del Ministerio de Comercio e Industrias, en ese sentido la dirección contaría con una mayor fuerza organizativa para gestionar los recursos económicos y jurídicos necesarios.

Con ese planteamiento coincide Osorio, Heredia y Navarro, quienes afirmaron que la junta técnica no cuenta con el recurso necesario para operar en todo el país, por lo que el cambio hacia una dirección es apremiante.

Otras dificultades

Osorio explicó que otro obstáculo había sido impuesto por la Dirección General de Ingresos (DGI), a través de la Resolución 201-2579 emitida el 5 de mayo pasado, que establecía que los trámites que realizaban los corredores de Bienes Raíces como: sacar paz y salvo de fincas, exoneraciones de pago, solicitud de historial de fincas, obtención del NIC y RUC de fincas, igualar valores de fincas, debían hacerse a través de abogados.

Según Osorio esto dejaba por fuera a los corredores de Bienes Raíces, quienes históricamente habían hecho sus trámites por sí mismos.

Sin embargo; el pasado 25 de julio, a través de la Resolución 201-479, publicada en Gaceta Oficial, se suspendió la aplicación de la Resolución 201-2579.

Mientras que Navarro considera que todos estos problemas son solo la punta del “iceberg” y hay que mirarlos con lupa.

Agregó que se necesita más apoyo para el corredor de bienes raíces que sale día a día a buscar su negocio y que paga su fianza anual de 10 mil dólares, que tiene su licencia y está reglamentado.

Heredia por su parte, recalcó que el hecho de que personas extranjeras estén ejerciendo ilegalmente esta profesión, les ha ocasionado unadisminución en sus ganancias entre el 40% y 50%.

La Ley establece que solo pueden ejercer esta profesión los extranjeros con cinco años o más de residencia en el país y quien no cumpla con la regla, deberá ser multado.

Acobir resalta en este sentido que la profesión se desarrolla bajo un ordenamiento jurídico débil y
obsoleto, que no se ajusta a la realidad existente en Panamá

Pimentel dijo que muchas son las amenazas a las cuales se ven expuestos, pero principalmente personas nacionales y extranjeras que ejercen la profesión de manera ilegal.

Para Osorio, la Ley no ha tenido un avance al ritmo que el mercado lo exige y aseguró que debe existir mayor difusión sobre el hecho de que se trata de una profesión que es regulada por Ley.

Para obtener una licencia de corredor de Bienes Raíces, se deben presentar varios exámenes, que abarcan temas como técnicas de ventas y legislación del país.

El trámite se puede hacer por menos de $500, explicó Osorio.

Negocio

Los corredores de Bienes Raíces admiten que cuando se hacen buenos negocios en esta profesión, se generan excelentes ingresos.

Por ejemplo; por un terreno de $2 millones un corredor se podría ganar hasta $100 mil en un mes.

Sin embargo; también se encuentran con que los siguientes meses no hay negocios similares.

Intentar encontrar una cifra de cuánto genera esta profesión para ellos es difícil, ya que consideran que las transacciones evolucionan y hay un tema de discreción que se debe mantener por los clientes.

Se trata, de acuerdo con Osorio, de una profesión que está supuesta a crecer o ir de la mano con el desarrollo e ímpetu inmobiliario.

No obstante, ellos insisten en que se necesita, lo antes posible, modificar la norma y saber cuáles serán los cambios.

Por lo anterior, mantienen una lucha constante por el reconocimiento de la profesión y esperan que puedan tener acceso al borrador del anteproyecto, para analizarlo y que luego sea enviado a la Asamblea Nacional para su respectiva discusión y aprobación.

Nota relacionada: Mici propone modificación a la Ley de Bienes Raíces en Panamá 

Promesa de Yanibel Ábrego no eliminaría posibilidad de hacer reavalúos

El Decreto 130 sobre actualización catastral no ha sido derogado por el Ejecutivo como ha solicitado por el Conep y distintos sectores de la sociedad civil.

Las declaraciones de la presidenta de la Asamblea Nacional Yanibel Ábrego en su primer discurso donde afirmó que no habrá una ley de revalúos en su gestión no pone fin a la incertidumbre que enfrentan los panameños ante la posibilidad de pagar un mayor impuesto de inmueble, debido a ley de Descentralización y al Decreto 130, según considera la diputada Zulay Rodríguez.

Esto debido a que el Decreto 130  sobre actualización catastral  no ha sido derogado por el Ejecutivo como ha solicitado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)  y distintos sectores de la sociedad civil.

La diputada del PRD Zulay Rodríguez aseguró que “Yanibel Ábrego es una mentirosa porque ella misma aprobó con los demás traidores la Ley 66 de 2015 )ley de descentralización),  que en su artículo 69 establece que las viviendas podrán ser revalorizadas parcial y generalmente  de oficio por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati)”.
Según la diputada Zulay Rodríguez el artículo 69 de la Ley de Descentralización, se remite a lo dispuesto por los artículos 788 y 789 del Código Fiscal, que establecen que si al vencimiento de los plazos correspondientes no ha sido pagado el impuesto del bien inmueble, el recaudador lo cobrara por la vía ejecutiva y al no poder pagarlo, se embargarán y rematarán sus propiedades.

Para la política Rodríguez  la solución es que se apruebe el proyecto de ley 43 desde el 15 de enero de 2015, que según ella tiene el fin de  “ ayudar a que no se les quite las casas a los panameños”,  una postura que también  comparte Elisa Suárez, vocera  Conep.

Consideró que si el proyecto de ley 43 se convierte en Ley deroga automáticamente el Decreto 130.

Gobierno busca reducir la exoneración del impuesto de inmueble

Para los empresarios, es sorprendente que luego de haber aprobado una norma en primer y segundo debate, se haya suspendido en el tercer debate, lo que pone en duda la tarea de los diputados.

Mientras que diputados oficialistas presentan una propuesta, panameños siguen en zozobra.
Diana Díaz V. | diana.diaz@epasa.com | @PanamaAmerica

Una rebaja en el impuesto del Bien Inmueble, pero no tan “drástica” como la planteada en el proyecto de Ley 43, así como la reducción de las exoneraciones del impuesto de inmueble son algunos puntos que serán incluidos en la nueva propuesta que presentarán los diputados que abogaron por la suspensión de la iniciativa.

El miércoles pasado se suspendió, en tercer debate, el proyecto que establecía una baja del impuesto de inmueble de 2.10% a 0.25% y definía un mecanismo para que los avalúos no se realizaran de forma comercial.

Elisa Suárez, expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), quien participó en la junta técnica con distintos gremios empresariales del país y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la concepción del proyecto 43, se mostró sorprendida de la decisión de los diputados de suspender la iniciativa, porque en segundo debate fue aprobada de forma unánime.

El diputado del partido gobernante José Antonio Domínguez explicó que la normativa fue aprobada en segundo debate por un acuerdo político para que se permitiera avanzar otras leyes de interés, sin embargo, al llegar a tercer debate ya no hay acuerdo.

En tanto, Suárez indicó que esta situación le causa una sensación de inseguridad con relación a temas que se manejan en el Legislativo, ya que la discusión en tercer debate le daba continuidad a la decisión adoptada en segundo debate.

Pero Domínguez argumenta que la clase adinerada del país es la que quiere pagar menos impuestos, sin embargo, las personas de escasos recursos seguirán afrontando problemas para el pago.

En las próximas semanas se estará presentando una propuesta que contempla la posibilidad de reducir el impuesto de bien inmueble, pero en menor porcentaje de lo que planteaba el proyecto 43, informó Domínguez.

También destacó que se evalúa la reducción de exoneraciones en el pago del bien inmueble que existen actualmente por cinco, diez y hasta quince años, porque generan un faltante en las recaudaciones.

“No digo que todas las exoneraciones hay que eliminarlas, habrá algunas consideraciones, tomando en cuenta el estatus social”, dijo.

En cuanto a los reavalúos, destacó que se opone a que residencias sean revaluadas con valor comercial, por lo que asegura que planteó este aspecto en la discusión de la nueva propuesta.

Pero a juicio del economista Augusto García, el tema central radica en que en Panamá se cobra el impuesto de inmueble a la vivienda, que es la base de la familia.

A su parecer, se debe dar una reforma y eliminar este impuesto a las residencias, ya que no se trata de un negocio.

Conep pide suspender ajustes o reavalúos de cualquier tipo

La empresa privada hizo un llamado de atención al gobierno y pide suspender ajuste o revalúos de cualquier tipo.

  • Redacción @PanamaAmerica
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) hizo un llamado de atención al Gobierno para que se informe a la ciudadanía en general sobre los motivos que llevaron a la suspensión de la discusión en tercer debate del Proyecto de Ley 43 sobre reavalúos.

Mediante un comunicado solicitaron a la Asamblea Nacional que se instale con brevedad una Comisión con representación debida de este Órgano, del Gobierno y CoNEP, para que en un tiempo razonable y pronto, se llegue a un consenso que sea lo más viable para todos.

Bancos ya no otorgarán préstamos hipotecarios con interés preferencial

Expertos aseguran que los más afectados serán los panameños de clase media y profesionales porque ahora tardarán más en adquirir sus viviendas, al tener que enfrentar tasas de interés más altas.

El alto costo del dinero a nivel internacional y la cautela en la aprobación de préstamos son algunos de los factores por los cuales algunos bancos no seguirán otorgando créditos hipotecarios para viviendas con un costo de hasta 120 mil dólares.

Elisa Suárez, directora del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), informó que algunas entidades financieras les comunicaron a los desarrolladores de esta decisión, lo que genera preocupación entre los empresarios porque el 76% del mercado panameño está dentro del interés preferencial (viviendas con costo de hasta 120 mil dólares).

La empresaria asegura que los más afectados serán los panameños de clase media y profesional porque no podrán adquirir una vivienda propia.

Iván Carlucci, de la Federación Internacional de Profesionales de Bienes Raíces, aseveró que ahora al panameño le tomará más tiempo ahorrar para hacer un abono inicial y comprar una vivienda porque tardará dos años en que se normalice el mercado.

Actualmente, existen tres rangos de intereses preferenciales. El primer renglón es para viviendas de hasta $40 mil, en cuyo caso el Estado asume el costo total de los intereses de la compra.

El segundo grupo es para viviendas de $40 mil a $80 mil, en el que se subsidia el 4% del interés, y en el tercer rango ($80 mil a $120 mil), el Gobierno subvenciona el 2% de los intereses.

En marzo de 2017, el saldo total de los créditos hipotecarios en el rango de interés preferencial ($4,249 millones 600 mil) mostró una desaceleración al crecer $307.2 millones, mientras que en 2016 se incrementó $473 millones, con la suma total de $3,942 millones.

Suárez explicó que cualquier cosa que ocurra en este mercado contrae el proceso de inversión en viviendas de hasta $120 mil.

La Contraloría refuerza el argumento de la empresaria, ya que indica que la inversión en obras residenciales se desaceleró de enero a abril al sumar $418 millones 829 mil, reflejando un crecimiento de 17.5%, mientras que en 2016 el aumento fue de 25.5%.

Para 2017, Convivienda disminuyó sus proyecciones de crecimiento de ventas de viviendas de 18% a 10%, con un monto de $979.5 millones y es posible que no lo logre.

El gremio prevé que venderá durante el 2017 un total de 10 mil 958 unidades habitacionales.

“Esperamos que a pesar de lo complicadas que serán las aprobaciones bancarias, podamos encontrar una solución y salir de esta desaceleración”, dijo Suárez.

Carlucci coincide con la empresaria, pero considera también que ante este panorama, el Gobierno Nacional debe crear las condiciones para estimular a los bancos a que sigan otorgando la ley de interés preferencial y así alcanzar el mayor número de panameños que puedan comprar una vivienda, como hasta ahora se ha hecho.

El experto en bienes raíces indicó que “Panamá, en teoría, es el país en Latinoamérica que tenía el mayor índice de familias propietarias de viviendas y esto obedece a una política de Estado que hasta ahora ha trascendido gobiernos”.

Datos

76% de los panameños compran viviendas con costos de hasta 120 mil dólares.

$166 millones menos crecieron los créditos hipotecarios de viviendas de hasta $120 mil.

Bono Solidario se extiende a la compra de apartamentos

La presente Resolución que empezará a regir a partir de su promulgación en Gaceta Oficial, establece que el rango para acogerse al código de zona Residencial Bono Solidario, en la modalidad de apartamentos es de 50 mil dólares.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), mediante la Resolución 261 de 6 de julio de 2017 aprobó reglamentar la modalidad de edificios de apartamentos, como solución habitacional de interés social, la cual fue establecida en el artículo 10-A del Decreto Ejecutivo No. 63 de 18 de agosto de 2016.

La presente Resolución que empezará a regir a partir de su promulgación en Gaceta Oficial, establece que el rango para acogerse al código de zona Residencial Bono Solidario, en la modalidad de apartamentos es de 50 mil dólares. 

Este tipo de proyecto estará excluido de aplicar el soterramiento de cables de electricidad y telecomunicaciones.

En el documento las autoridades reconocen que existe un déficit habitacional en la República de Panamá, que requiere que se tomen las medidas necesarias, por lo que buscan incentivar la inversión privada en desarrollos de vivienda  de interés social para las clases de bajos ingresos.

La actual administración desarrolla proyectos de interés social en las provincia de Colón, Santiago, Coclé y el distrito de Arraiján.

Reglamentan la construcción de apartamentos

Entre las características dispuestas por la entidad se destaca que el área mínima del lote para edificios de apartamentos debe ser de 1,000 metros cuadrados.

Redacción Economía | economia.pa@epasa.com | @PanamaAmerica

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) reglamentó la construcción de apartamentos de interés social (costo hasta 50 mil dólares) con el fin de que los clientes de estas viviendas puedan beneficiarse con los 10 mil dólares del bono solidario.

Entre las características dispuestas por la entidad se destaca que el área mínima del lote para edificios de apartamentos debe ser de 1,000 metros cuadrados.

También el desarrollador debe ofrecer en el apartamento una sala comedor, cocina con fregador, dos recámaras, área de lavandería y un baño completo, según lo detalla la Resolución 262 del 6 de julio, por la cual se reglamenta la modalidad de edificio de apartamentos establecida en el artículo 10A del Decreto Ejecutivo 63 de agosto de 2016.

La reglamentación describe que en estos edificios se deberá construir espacio para estacionar un auto por cada tres apartamentos.

Deberán tener también acabados como revestimiento de piso con baldosas de cerámica o porcelanato, y cielo raso suspendido o similar solo en el caso del último piso.

El Consejo Nacional de Promotores de Viviendas (Convivienda) señaló que están analizando la reglamentación para determinar si a los promotores les son rentables estos proyectos.

El gremio anteriormente señaló que los bancos ya no están dispuestos a financiar este tipo de obras.

Más de tres mil apartamentos desocupados

Zaira Rojas | zaira.rojas@epasa.com | @PanamaAmerica

La ocupación de unidades de apartamentos ha disminuido en la ciudad de Panamá, al pasar de 68.1% a 67.5%, durante los primeros seis meses de este año.

El inventario de apartamentos ubicados en el centro de la ciudad asciende a 9,498 unidades y de estas se encuentran desocupadas más de 3,000, según un estudio de la consultora CBRE Panamá.

El mercado residencial ha ralentizado su actividad. El año 2016 marcó el inicio de un periodo de mayor cautela en la promoción y consumo en el segmento del mercado residencial no preferencial, reflejado tanto por las preventas y el número de unidades en construcción como por una absorción cada vez más moderada.

El precio de venta promedio solicitado se mantuvo entre $2,217 y $3,068 por metro cuadrado, y el alquiler mensual, entre $10 y $15 por metro cuadrado.

Los empresarios de la construcción aseguran que por la burocracia y la desaceleración, el dinamismo ha disminuido.

Gobierno tiene intereses con reavalúos y cobro de impuesto de bien inmueble

El Gobierno tiene interés en cobrar más impuestos por los problemas de recaudación y quiere utilizar tierras que utilizan la clase media y popular para permitir que desarrolladores y bancas ganen mas renta, según Jované.

El haber hecho un acuerdo político para pasar el proyecto de Ley 43 que rebaja la tasa del impuesto de bien inmueble y luego suspenderlo, demuestra irresponsabilidad por parte del Órgano Legislativo, aseguró el economista Juan Jované.

Indicó que el Gobierno es contradictorio, porque por un lado dice que este impuesto deinmueble no aporta mucho  y por otro lado salen  a defenderlo.

Destacó que el Gobierno tiene varios intereses  sobre los inmuebles y el principal es la baja recaudación que le han indicado los organismos internacionales y prefieren imponer estos impuestos a la clase media y clase popular en vez de hacer equidad tributaria.

“Otro de los intereses que tienen el Gobierno es el poder redefinir la ciudad, pero  no para resolver los problemas de la población, sino que en la medida en que los reavalúos hagan que las personas pierdan sus casas por los altos impuestos,  le da paso a los intereses de los  desarrolladores de proyectos urbanos que tienen gran influencia en este gobierno”, dijo Jované .
Informacion del Panama America